CASO JUEZA ATALA: ¿Y EL INTERÉS DE LOS NIÑOS?

Recién en 1998 se adecuó el régimen de tuición de los menores de padres separados, estableciéndose la supremacía del principio del interés superior del niño, según el cual a la madre le corresponde su tuición; restringiéndose sustantivamente la posibilidad de la revisión judicial de ese criterio.

En el caso de la jueza Karen Atala, la Corte Suprema, por tres votos contra dos, desatendió la prueba rendida en cuanto a que el interés superior de las niñas se resguarda manteniéndolas viviendo con su madre homosexual y no con su padre heterosexual. A su vez, los informes sicológicos existentes muestran que la jueza Karen Atala tiene sólidos vínculos de amor con sus hijas y, además, dentro de las demás pruebas rendidas, no existe antecedente alguno que avale modificar la tuición materna.

A pesar de esas evidencias, ese máximo tribunal dictaminó (¿ideológicamente?) que una madre lesbiana que vive con su pareja pierde el derecho al cuidado personal de sus hijos, no importando qué cualidades tenga o cuán valioso sea el vínculo que la une a sus descendientes, o cuánto éstos la necesiten.

Al respecto, el tribunal de primera instancia fue categórico: “no se ha acreditado que la madre de las menores haya puesto en peligro el … principio del interés superior” de las mismas, criterio que fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Temuco. Sin embargo, la Corte Suprema restringió el concepto de familia a la pareja heterosexual, única que merece, a su juicio, el calificativo de normal y, por ende, declaró que frente a una madre lesbiana se debía alterar la tuición materna en favor del padre heterosexual, con el objeto de privilegiar el “derecho de las menores a vivir en una familia estructurada normalmente”. La Corte Suprema llegó a esa conclusión sin considerar las circunstancias reales y concretas del caso que contravenían esa preferencia personal de los tres magistrados que conformaron el voto de mayoría del máximo tribunal, lo que hace de esta sentencia una decisión fundada en ideologías y no en el mérito de los hechos probados en el juicio. Es justo preguntarse entonces si será ese criterio la mejor manera de resguardar el interés superior de los niños.

Si se consolida este precedente tendremos que por el sólo hecho de reconocer y vivir su homosexualidad una madre será inhábil para vivir junto a sus hijos, obligándose a las madres lesbianas, por temor a perderlos, a esconder su opción sexual. Además, se las expondrá, día a día, a la extorsión de su ex pareja.

Los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema tienen una asombrosa analogía con los invocados por las cortes portuguesas (caso Salgueiro da Silva Mouta), las cuales, también fundadas en esos intereses superiores, dictaminaron que la homosexualidad era un factor decisivo para desconocer el derecho de los progenitores para cuidar personalmente a sus hijos. Este raciocinio fue impugnado ante la Corte Europea de Derechos Humanos, la que puso los puntos sobre las íes al declarar que una discriminación basada en la orientación sexual no podía ser per se invocada para soslayar la prohibición que niega legitimidad a este tipo de discriminaciones.

En consecuencia, tres ONG (Libertades Públicas, Fundación Ideas y la Clínica de Acciones de Interés Público de la UDP) estimaron que privar a la jueza Atala de las tutelas de sus hijas en razón de sus preferencias sexuales constituye una injerencia arbitraria y abusiva en su vida familiar y privada y que, al mismo tiempo, viola la Convención sobre los Derechos del Niño y transgrede el principio constitucional de la no discriminación; de manera que, junto a la jueza afectada, denunciaron al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ese órgano internacional ha dado al Estado chileno un plazo para presentar sus descargos. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la palabra. Se estará atento a las justificaciones que entregue.
(Publicado en Revista Capital, N°150, febrero de 2005, p. 128).