INTIMIDAD y PERIODISMO

• El tema de fondo es que en Chile no está regulada la cohabitación entre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión.

La publicación de la Chechi desprendiéndose de su blanca bombachita generó una acalorada discusión: ¿Se violó el derecho a la intimidad al publicar sus fotos? ¿La prensa debe tener límites? ¿Cuáles? Claro que los debe tener. Pero no sólo la prensa. Y al establecerlos, éstos deben sujetarse a criterios objetivos y no a los caprichos de cada persona.

¿Puede hablarse de intimidad cuando eres fotografiado en tu terraza que deslinda sin un muro divisorio con un canal público por donde se navega con total libertad? ¿No fue en ese lugar donde se descubrió el noviazgo entre el ex-Presidente y la Miss? No es legítimo meterse en una casa para fotografiar a la propietaria. Pero si eres una figura pública, ¿es prudente exponer tus intimidades en ese tipo de terrazas?

Más allá de la anécdota del affaire Bolocco, la cuestión de fondo es que en Chile no está regulada la cohabitación entre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión.

Una transversal troika de senadores (Ominami, Girardi, Cantero y Pizarro: ¡que sus nombres queden registrados para la historia!, como se desahogó el tribuno Carlos Peña) solidarizó con la Chechi y declaró que para subsanar esa deficiencia se debía revivir el proyecto de Ley de Protección del Honor y la Intimidad de las Personas, aprobado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de los asistentes, en diciembre de 2003, y que desde entonces duerme el sueño de los (in)justos en el Senado.

En esa oportunidad, se desestimó el texto consensuado por el Ejecutivo (la Presidencia de Lagos y los actores relevantes) y se aprobó la “moción Burgos-Bustos”. Se recuerda que esa normativa sorprendió a la ciudadanía y fue repudiada en forma unánime (luego de aprobada, aunque resulte paradojal, también fue desdeñada por los propios honorables que horas antes la suscribieron).En lo que se refiere al derecho a la intimidad, la razón de ese rechazo fue su indeterminación. Efectivamente, entrega al libre arbitrio de cada persona qué se entiende por intromisiones ilegítimas a su intimidad y, por lo tanto, qué queda excluido del escrutinio público o periodístico.

Al concederse la atribución de definir ese ámbito a los individuos sin sujeción a criterios objetivos, tanto el derecho a la intimidad como la libertad de expresión pasan a ser meros antojos personales, o al menos garantías etéreas e inasibles.

Si el Senado ratifica la “moción Burgos-Bustos” (un desgraciado remedo de la Ley Mordaza del 64) se hará realidad la pesadilla descrita por Human Rights Watch al advertir los peligros inherentes a restricciones a la libertad de expresión amparadas en definiciones imprecisas y vagas de lo que se entiende por intimidad. Así, queda abierta la esclusa a interpretaciones arbitrarias, al desconocerse qué es válido y qué no, creándose un régimen de miedo y autocensura.

No obstante esos evidentes riesgos, la citada troika manifestó su intención de perseverar en la indeterminada “moción Burgos-Bustos” aprobada por la Cámara de Diputados, en vez de expresar su voluntad política de corregirla con criterios republicanos que regulen el derecho a la intimidad en forma coherente con la libertad de expresión.

(Publicado en Revista Capital, N°206, junio de 2007, p. 140).