Un impulso al cambio en el Conservador Chile

Homosexuales y Otros se hacen más fuertes en su enfrentamiento con los Árbitros Culturales de la Nación.

A continuación se postea la traducción del artículo “In Conservative Chile, a Push for Change” publicado en The Washington Post con fecha 30 de noviembre de 2006, bajo la firma de Monte Reel, corresponsal para Sudamérica

(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/29/AR2006112901595.html):

SANTIAGO, Chile -- Emma de Ramón recientemente compró un departamento. Dice que incluso antes de mudarse a vivir en él, todos en el edificio sabían que es homosexual.
De Ramón y su pareja, la jueza Karen Atala, se han convertido sin pretenderlo en celebridades desde que declararon la guerra contra la Corte Suprema de Chile, que forzó a Atala a entregar la custodia de sus tres hijas debido a su relación con De Ramón.

La pareja ha llegado a representar a un segmento de la población que claramente se ha fortalecido: los que están ansiosos por despojar a Chile de la cuestionable etiqueta de ser el país culturalmente más conservador de América Latina.

Algunos de los que están buscando un cambio han desafiado a instituciones poderosas, porque, sostienen, no representarían la voluntad popular. Atala y De Ramón han llevado su lucha a una comisión internacional de derechos humanos en Washington, la que esperan podrá convencer al gobierno chileno de que su más alta corte se equivocó.

“Oh, ahora somos famosas”, dijo De Ramón, una historiadora que conoció a Atala después de que esta jueza del crimen se separó de su marido en 2001. “En cuanto a mí, cuando estoy en público usualmente no me siento blanco de la discriminación y tampoco oigo comentarios denigrantes. Eso sólo ha sucedido con la Corte Suprema”.

Los grupos que históricamente han determinado las normas culturales de Chile -incluyendo la Corte Suprema, la Iglesia Católica y las élites políticas- están siendo puestos a prueba en varios frentes.

Una nueva política nacional, por ejemplo, ofrece gratuitamente la píldora del día después a cualquiera que tenga 14 años o más. El Congreso está debatiendo proyectos de ley que explícitamente protegen los derechos legales de homosexuales y otras minorías. Otro proyecto permitiría “muertes compasivas” para pacientes terminales, lo que ha encendido el debate sobre la eutanasia. Y una campaña sobre la prevención del SIDA, financiada por el gobierno y lanzada este mes, muestra, entre otros, a colegialas y a una pareja gay promocionando el uso del condón. La campaña ha encolerizado a líderes de la Iglesia Católica.

Para un país que legalizó el divorcio hace apenas dos años, el ritmo de los cambios es impresionante. La Iglesia todavía es muy influyente y bien vista por la mayoría de los chilenos, pero sus líderes dicen estar preocupados de que se produzca un alejamiento general de sus enseñanzas. Este mes, los obispos católicos del país hicieron público algo que llamaron una alarma moral a la nación, citando “corrientes extrañas” que están atravesando la sociedad y que están distanciando a la gente de sus cimientos religiosos.

En su declaración, los obispos dijeron: “No dejaremos de decir lo que tenemos que decir ni dejaremos de hacer lo que tenemos que hacer. Hay momentos en la historia en que nos escuchan, bendito sea Dios, y hay momentos en que no nos escuchan”.

Como presidente, Michelle Bachelet -agnóstica, separada y madre de tres hijos- está en el centro de muchas de las disputas culturales. Ella fue elegida en el cargo en marzo después de hacer una campaña que enfatizó la tolerancia social. Aunque es parte de la misma coalición gobernante que ha estado en la presidencia del país desde que la dictadura militar del general Augusto Pinochet fue destituida hace 16 años, en ocasiones su estilo de gobierno ha sido bastante diferente al de sus predecesores.

Por ejemplo, Bachelet, ex ministra de salud y pediatra, incentivó la distribución gratuita de la píldora del día después sin consultar demasiado a los legisladores más conservadores de la coalición gobernante, quienes durante años han frenado con éxito proyectos de ley que culturalmente generan divisiones. La alianza política de Bachelet con ellos hace que los cambios radicales sean más difíciles, pero según los analistas está intentando voluntariosamente romper la influencia de las clases tradicionalmente poderosas.

“Ella no les consultó, porque si lo hubiera hecho esos proyectos no se habrían concretado”, dijo Marta Lagos, analista política y elaboradora de encuestas de Santiago. “Así que ahora hay cierta tensión que tiene mucho que ver con la manera que tiene la élite gobernante tradicional -que es muy conservadora- de ver cómo ella ejerce su liderazgo. A ellos les sorprende mucho, pero a la población general no podría importarle menos”.

Aunque fue una lucha muy cruenta en círculos políticos, el tema de la píldora del día después no afectó su aprobación ciudadana, que incluso tuvo un cierto aumento después de la controversia. Una encuesta efectuada hace tres semanas mostró una aprobación del 59%, más alta que el 53% del total de votos con los cuales fue elegida en enero.

“Pienso que existe una diferencia de actitud entre los que están en los más altos niveles de la sociedad y el resto del país”, dijo Daniela Ullrich, estudiante universitaria de 23 años, de Santiago. “Como con la píldora del día después, a la que la gente poderosa se oponía, pero ellos podían obtenerla en cualquier momento si querían, y en cambio el resto de las personas no; fueron éstos los que apoyaron el proyecto”.

Macarena Sáez, abogada que defiende el caso de custodia de la jueza Atala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, dijo que el creciente reconocimiento de la distancia que separa a la población general de sus instituciones le da esperanza de que el gobierno llegará a un arreglo amistoso en este caso.

“Estamos frente a una sociedad que es mucho más abierta que sus instituciones, y eso es una buena señal para nosotros”, dijo Sáez.

Sáez es parte de un grupo de abogados que fueron los primeros en impugnar el sistema judicial de Chile, oponiéndose a sus estrictas leyes de censura. En 2003, sus esfuerzos originaron un cambio constitucional de las leyes de censura después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que la Corte Suprema no tenía razón en mantener la prohibición sobre películas como ‘La Última Tentación de Cristo’, de Martín Scorsese”.

Ahora, Sáez y sus colegas están esperanzados en que la Comisión, que es parte de la Organización de Estados Americanos, dicte una sentencia similar en el caso de Atala, que redunde en una nueva legislación antidiscriminatoria que específicamente prohíba decisiones sobre la custodia de hijos basadas en la orientación sexual de sus padres. Para Juan Ignacio Correa, quien trabaja en el caso Atala en Santiago, tal cambio representaría una victoria para la democracia.

“El grupo de la sociedad que quiere preservar el status quo es muy poderoso, pero creo que en la sociedad existe un grupo de gente mucho más grande debajo de ellos que quiere cambios”, dijo Correa.

Felipe Rivas, quien hace cuatro años fundó un grupo estudiantil para homosexuales de ambos sexos en la Universidad de Chile, dijo que el caso Atala y la posibilidad de una legislación antidiscriminatoria son vistos como pasos importantes para la sociedad gay, pero también añadió que ello tendría un significado más amplio.

“En Chile, los derechos humanos siempre se han asociado a la tortura y los crímenes de la dictadura”, dijo Rivas, de 23 años. “Pero ahora esa definición está cambiando, y la gente se está dando cuenta de que los abusos contra los derechos humanos se pueden extender también a muchas otras áreas”.