COPIA INFELIZ DEL EDÉN

• La mano dura a que tanto algunos aspiran no tiene respaldo empírico.

Chile tiene la mayor tasa per cápita de Sudamérica de personas privadas de libertad sin que ésta pueda justificarse en una tasa de delincuencia mayor a la media latinoamericana. De ahí entonces que la mano dura a que tanto algunos aspiran no tenga respaldo empírico.

Los ciudadanos obnubilados por las imágenes televisivas, se han tragado la panacea de que hay que incrementar las penas aplicando una lógica consistente en que si se suben los costos de delito: sanseacabó la delincuencia. Se sostiene que los criminales -como toda persona- evalúan los costos y beneficios de sus conductas, y si ese cálculo es favorable, entonces continúan delinquiendo. Para sellar esa hipótesis se recurre al Premio Nobel de Economía Gary Becker, quien sugiere: En el corto plazo los gobiernos deben usar el garrote.

En tal marco, el Ejecutivo ha enviado a la Cámara de Diputados, en los primeros días de julio, diversas iniciativas legales conocidas como proyectos antidelincuencia.

Uno de ellos excluye de las labores diarias de carabineros una serie de tareas no operativas (notificaciones judiciales, salvoconductos por mudanzas, constancia para seguros). La dirección es la correcta: hay que sacar a los policías de sus escritorios. Una vez aprobado, la jerarquía deberá velar porque, entonces, se bajen de los radiopatrullas.

A través de otro proyecto se pretende depurar las deficiencias detectadas a la Reforma Penal que impedirían una respuesta eficiente contra la delincuencia.

Por desgracia, esta propuesta, al contrario de la primera, constituye un grave retroceso en materia de derechos civiles, y hace realidad el mito orwelliano, actualizado por uno de los más preclaros juristas vivos (Claus Roxin), bajo la prevención de que: un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal.

Efectivamente, este segundo proyecto transgrede los principios de inocencia y non bis in idem (prohibe sancionar dos veces por una misma conducta), que sustentan la garantía constitucional del debido proceso.

Entre otros excesos, este segundo proyecto institucionaliza la llamada ficha policial, la cual dividirá a los ciudadanos entre individuos de la clase A (aquellos que no tendrán ficha policial en el banco unificado que se creará) y los de la clase B (que sí figurarán en ese registro).

No se crea que es muy difícil ser incorporado en ese registro. Por ejemplo, si un hijo nuestro -y seamos sinceros, la apariencia externa de éstos no difiere en rasgos generales de la de algunos delincuentes- hubiere presenciado el asalto a la Joyería Barros del Parque Arauco y producto del pánico arrancado, sin saber mucho por qué, la fuerza policial podría haberlo detenido y tras verificar su nula participación, lo hubiera soltado. Pero no libre de polvo y paja, pues gracias a ese simple equívoco se le extenderá una ficha policial y quedará estigmatizado como un ciudadano de la clase B.

Salvo un golpe de gracia, pareciera que los derechos civiles en esta pasada serán las víctimas, y si usted o sus hijos se descuidan, no se extrañen que pasen a engrosar ese banco de datos, inclusión que por sí sola equivale a una pena, aunque usted o sus hijos jamás hayan sido condenados por delito alguno .

(Publicado en Revista Capital Nº185 , julio 2006, p. 254)